Este lunes 19 de diciembre, ante el Consejo Territorial de Justicia Transicional (CTJT) se socializaron los aportes para el Plan de Acción Territorial a favor de las víctimas del conflicto armado en el Distrito, y se aprobó el acta correspondiente a la segunda sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional que sesionó el 1 de diciembre del 2022.
El CTJT es presidido por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, y lo integran la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS.
Cali, como Distrito líder en atención a víctimas del conflicto armado en Colombia, reiteró su compromiso de velar por el desarrollo de la Política Pública de esta población. Así se resaltó en la última sesión (virtual) del año del Comité Municipal de Justicia Transicional, encabezada por la Secretaría de Bienestar Social.
La titular de ese organismo, María Fernanda Penilla Quintero, indicó: “Hoy casualmente ya hubo aprobación en el primer debate de vigencias futuras para diferentes poblaciones incluyendo las víctimas del desplazada del conflicto armado, para que nuestro servicio de albergue y protección se pueda prestar de manera ininterrumpida apenas se acabe este año y el primero de enero derecho; la idea es que este fin de semana tengamos el segundo debate y tengamos acuerdo para poder hacer el proceso contractual respectivo”.
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En el CTJT el alcalde Jorge Iván Ospina recalcó la importancia que tiene para la Administración Distrital el continuar trabajando por la población víctima del conflicto armado, en conjunto con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1448 del 2011.
Para Daniela Caicedo, una de las estrategias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “es desarrollar acciones integrales y diferenciadas que permitan ese acompañamiento psicosocial para contribuir a ese goce efectivo de los derechos de estas familias que han vivido situaciones asociadas al desplazamiento forzado; pero además, hay una dimensión familiar en este proceso de atención; entonces, no son atenciones individualizadas, sino atenciones en el marco de lo comunitario y en el marco de lo colectivo”.
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Diego Fernando Padilla Pescador, subsecretario de Atención Integral a Víctimas, manifestó que las observaciones presentadas por la Defensoría Regional del Pueblo, la secretaria de Bienestar Social y los integrantes de la Mesa de Representación Activa se llevarán al Subcomité de Atención y Asistencia, en el mes de enero, en la primera sesión, para que se produzcan las actas y se le pueda oficializar al Gobierno Nacional para que se estudien las posibilidades, porque “las consideraciones de desplazarse de un municipio a otro no obedecen a la voluntad, sino a la afectación de un hecho victimizante”.
