El Decreto 304 de 2021, sigue con vigor, no se ha caído y los diálogos continúan en Santiago de Cali, así lo señala María del Pilar Cano Sterling, directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.
Esto, luego de que el Consejo de Estado se pronunciara frente a la acción de tutela que interpuso la Unidad de Resistencia de Cali (URC) sobre la demanda de suspensión del referido Decreto que expidió el Gobierno Distrital para establecer canales de interlocución formales con los jóvenes de ese colectivo.
“El Consejo de Estado no se ha pronunciado sobre la legalidad del Decreto 304 de 2021, lo que dispone es que hay que vincular a los jóvenes al trámite del proceso de nulidad simple, señalando que el Juzgado 16 Administrativo incurrió en irregularidades procesales que violan el debido proceso de los miembros de la URC; deberá entonces el Juez reconocerlos como parte del proceso y continuar su trámite, lo que implica que se pase a resolver el recurso de apelación que interpuso la Alcaldía contra el auto que ordena la suspensión, luego el Decreto 304 no se caído, como algunos han interpretado el fallo del Consejo de Estado”, señaló Cano Sterling.
La funcionaria enfatizó en que los diálogos continúan. “Los diálogos tienen su fundamento no solamente en el 304 de 2021, sino en disposiciones de carácter constitucional, normas legales, tratados internacionales, las recomendaciones que recientemente hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y órdenes del Consejo de Estado en acciones de tutela”, indicó.
Cabe recordar que la Administración Distrital recibió una demanda al Decreto 304 de 2021 por presunta ilegalidad al institucionalizar los diálogos con la URC para adoptar acuerdos después de las manifestaciones del Paro Nacional del 28 de abril de 2021.
Luego, la URC presentó una acción de tutela para defender los derechos constitucionales a la manifestación y a las mesas de diálogos y finalmente el Consejo de Estado concluyó que la autoridad judicial accionada incurrió en irregularidades procesales que desembocaron en una violación al derecho fundamental al debido proceso de los miembros de la URC.
Lo que viene ahora para el proceso, es que el tribunal tendrá que resolver un recurso de apelación que interpuso la Administración local contra el auto emitido por el Juzgado que conoce la primera instancia del asunto y que resolvió respecto a la suspensión del mencionado Decreto.
