El decreto 304 expedido por el alcalde Jorge Iván Ospina el último día de mayo y que básicamente permite la adopción de garantías para la construcción de acuerdos e institucionaliza la mesa de diálogos para encontrar la salida pacífica y concertada al Paro Nacional fue explicado en todos sus aportes por la directora Jurídica de la Alcaldía, María del Pilar Cano Sterling.
En los once artículos prevalece la disposición al diálogo y tiene como fundamento legal el decreto nacional 003 de 2021 expedido por el Presidente Duque que acata a su vez una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y que va dirigido a que se prevalezcan los derechos de las personas a manifestarse pública y pacíficamente.
La directora María del Pilar Cano enfatizó que ante los conflictos que se presenten debe acudirse al diálogo para construirse los acuerdos y eso es lo que está sucediendo con los jóvenes, que “están reclamando atención a sus necesidades y necesitan la presencia y gestión del Estado frente a sus necesidades”, dijo la abogada.
Los dos primeros artículos que hace alusión al reconocimiento y las garantías se refieren según la directora, a la necesidad de crear consensos teniendo una interlocución con los representantes de los puntos de resistencia que están dispersos en la ciudad. “Es decir le reconocemos el rostro y nos sentamos con los distintos órganos de derechos humanos y les damos garantías por cuanto estamos fundamentados en los derechos humanos y respetamos la diferencia. Es reconocer que hay un hecho que está sucediendo y se le entregan las garantías para sentarse, tal como lo hace la Constitución y los tratados internacionales. Es generar confianza para construir la salida y prevenir hechos de violencia”, afirmó.
Al explicar en qué consiste el artículo que se refiere al Canal de salvaguarda de vidas y la creación de la comisión de derechos humanos señaló que “se trata de solucionar no solo lo que sucede hoy sino de tener claro que somos un Estado Social de Derecho. Se crea un canal para que en el evento que haya detenciones arbitrarias o agresiones que puedan poner en peligro los bienes tutelados por la ley entra esta ruta para que se sepa qué ha pasado y cómo se puede coadyuvar a clarificar los hechos. Aquí entran los ciudadanos, organizaciones defensoras de derechos humanos y la arquidiócesis”, precisó.
Los otros artículos apuntan a construir un Estado Social más justo donde haya verdad, garantías y no repetición. “En esta mesa de diálogos todos tienen asiento desde los padres de desaparecidos y hay que seguir adelantando conversaciones con los jóvenes para que se formalice la mesa y esa el espacio inclusivo y participativo, como derecho reglado en la Constitución y la ey. En estas mesas debemos construir los acuerdos que deben cumplirse y se debe garantizar el bienestar de lo caleños, además de una gestión e inversión social que responda a las necesidades de los jóvenes y adelantar los proyectos que se necesitan, como la Universidad del Oriente”, concluyó.
