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Más de 30 Casas de Justicia del país se reunieron virtualmente para compartir experiencias sobre los diferentes procesos que manejaron en medio de la cuarentena y la adaptación virtual.

En conmemoración del Día internacional de los Derechos Humanos se realizó este encuentro liderado por la Secretaría de Seguridad de Santiago de Cali, donde las Casas de Justicia del Pacífico y el Caribe colombiano expusieron sus retos para la modernización del Acceso a los Servicios de Justicia, en época de COVID-19.

Con la invitación especial de la asesora del ministerio de la mujer de Chile, Valeria Lazcano, licenciada en trabajo social y especialista en políticas públicas y estrategias en temas de género, se evidenciaron las realidades de la justicia en el ámbito virtual y el incremento de casos de maltrato a la mujer en la cuarentena.

De acuerdo con lo expresado por la asesora, una de cada tres mujeres en Chile no cuenta con ingresos propios, quienes contaban con trabajo lo perdieron en 53 % debido a que la mayoría de las actividades eran prescindibles, las tareas domésticas se triplicaron y muchas por temor a denunciar siguieron exponiéndose al maltrato de su cónyuge.

Ante estas estadísticas, en Chile debieron actuar rápidamente adaptando los procesos a la virtualidad, acercando la justicia a las víctimas y agilizando los procesos. Crearon entonces una línea 24 horas para atender a las mujeres maltratadas, que en cuarentena tuvo un incremento de llamadas del 167 %, se dispuso una clave en todas las farmacias que activaban mecanismos de protección cuando las mujeres pedían la “Mascarilla 19” y abrieron una línea de WhatsApp para dialogar con la posible víctima por medio de un dispositivo silencioso y privado.

“Creamos también una oficina judicial virtual que facilitó el acceso al tribunal de familia a través de un clic, se agilizaron trámites de deudores de alimentos con cuotas que se recuperaron por medio de fondos de pensiones y se excluyeron abogados, intermediarios y procesos largos por medio de tutoriales y accesos virtuales rápidos y fáciles para los denunciantes” anotó la especialista Lazcano, quien también escuchó las experiencias de innovación de los funcionarios colombianos.

Alejandra Otero, directora de acceso a los servicios de justicia de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, narró cómo en la capital se crearon tres canales de acceso para la ciudadanía (Chat, correo y WhatsApp) además de posicionar la presencia de unidades móviles que acercaron todos los procesos judiciales a los barrios más apartados en 19 jornadas que también difundieron los canales de acceso a la justicia virtual.

Para el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, todas estas experiencias y las propias, se convierten en un banco de ideas que permitirá ejecutar acciones sostenidas para las necesidades de la ciudadanía.

“En esta época de pandemia todos hemos acumulado lecciones y aprendizajes a través de ciudadanos que reclaman presencia estatal en sus barrios, debemos trabajar a fondo ante los nuevos desafíos, ya no podemos esperar a que los denunciantes lleguen, hay que salir, privilegiar y priorizar lo comunitario y dotarlos de herramientas de mediación y conciliación” expresó el secretario Rojas, quien se mostró complacido de la mirada integral que generan este tipo de reuniones internacionales.

Los asistentes a la reunión virtual coincidieron en aceptar que la COVID-19 les ha obligado a renovar paradigmas y perspectivas metodológicas en sus dinámicas y las de los denunciantes, por lo que el acceso a la justicia debe vivir una revolución.

Hilda Rojas, coordinadora nacional de Casas de Justicia, declaró que todos los procesos se transformaron en pandemia, inclusive interponer un comparendo y ya no hay marcha atrás, todo se debe modernizar en la vía virtual.

La organizadora de este primer encuentro, Milena Barco, del Equipo de Modernización de Acceso a la Justicia de Cali, aplaudió este análisis sobre la cotidianidad de Chile y de las regiones colombianas, recalcando que el llamado es a tener un enfoque humano desde la prestación del servicio. “Estamos trabajando para mejorar el servicio e ir a los territorios. No quedarnos en los despachos. La justicia debe estar en las calles. Debemos analizar rápidamente estos cambios para agilizar las medidas de protección a las víctimas con plataformas de rápida respuesta como las aplicadas en Chile”.

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