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Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social, respondió a las denuncias hechas desde el Concejo de Cali acerca de presuntos sobrecostos en contratos para la entrega de mercados en el marco de la crisis del covid-19.

Juan Martín Bravo, cabildante que hizo la denuncia, señaló que la Alcaldía de Cali gastó $383.418.000 en un contrato con la empresa LitoValle Cali S.A.S para el empaque de las ayudas.

Según el documento, la Alcaldía adquirió 50.000 cajas para empaque de mercados, 50.000 adhesivos con la imagen institucional de la Administración, 50.000 flayers tipo plegables y 200.000 calcomanías de la campaña denominada #LaVacunaEstaEnTusManos.

«Frente a lo relacionado con la impresión de adhesivos y cajas que contenían los mercados, estos recursos hacían parte del presupuesto total que destinó la Alcaldía a la Secretaria de Bienestar Social para atender las necesidades del COVID 19», dice Perdomo en un comunicado emitido este lunes. 

Según se lee en el documento, la Secretaria de Bienestar Social entregó recursos a diversas dependencias «que debían atender distintos temas en el marco de la emergencia», entre ellas la oficina de comunicaciones. 

«Estos contratos ya fueron auditados por organismos de control, quedando claro que la oficina de comunicaciones actuó conforme a los precios del mercado en el momento de la contratación, sin sobrecostos», afirma la misiva. 

El valor de cada cajas (había dos referencias), de acuerdo con el contrato, fue de $4.950 y otra de $6.900. El costo de los stickers fue de $1.077. 

Bravo dice que las cajas tienen un valor comercial de $2.500. «No tiene sentido gastarse 1070 pesos en una stiker, obviamente así no duele, pero si sumas el valor total entonces hablamos de que ese dinero pudo servir para comprar más mercados y tener mayor cobertura», sostuvo el edil.

Contrato de logística

El concejal Juan Martín Bravo también expuso supuestas irregularidades en un contrato firmado por la Alcaldía de Cali con Unión Temporal Emergencia Covid-19-2020, por concepto de la presentación del servicio logístico para el cargue, transporte, descargue y distribución de ayudas para los sectores más vulnerables de la ciudad.

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El costo de dicho contrato fue de $3.900.985.648 para entregar y distribuir 90.000 mercados ($27.528 c/u) y 98.400 bonos ($4.567 c/u) para la atención de la emergencia.

Así, el valor de cada mercado sería de $33.608, y, según Bravo, es «el doble que en Barranquilla y el triple que en Medellín».

Sobre esto, la Secretaría de Bienestar Social señaló que «en el caso de Medellín, es un contrato del Plan de Alimentación Escolar, ( PAE ) por
un valor fijo de logística correspondiente de $6.000 por entrega de complementos nutricionales, entregados en las instituciones educativas cuyos pesos eran de tres (3) kilos» y que «en el caso de Barranquilla el costo fijo de logística fue de Once mil quinientos pesos, $11.500 para entregar mercados cuyo peso se estimó en cinco (5) kilos».

Mientras que, dice el documento, «los mercados distribuidos en Cali pesaban 14 kilos y el valor de la logística no es fijo; depende de la tarea a realizar que varía de acuerdo con los servicios prestados de los
ítems contratados, dicho valor oscila entre $8.000, $14 mil pesos, veinte mil pesos, y $27.528, cuando se prestan todos los servicios. Así mismo, depende de la cantidad de kilos a transportar, como ocurre en este tipo de contratos». 

«Cabe aclarar, que los $27.528 que aparecen en el contrato son un precio estimado y no un precio fijo, como si ocurre en Medellín y Barranquilla», añade.

También indica que el valor de la logística contratado en Cali no es exclusivamente por concepto de transporte, sino que, además, «tiene 13 ítems adicionales, entre los que están: material de bioseguridad para el equipo que realizó la entrega en las comunas, la mano de obra de cargue y descargue, vigilancia las 24 horas del centro de acopio y de la bodega, refrigerios para los voluntarios y la fuerza pública que participaron en las jornadas de 12 de la noche a 6 am, suministro de dotación de bodega, montacargas y estibas para proteger los mercados de la humedad, entre otros».

Control político

En junio, el cabildante Juan Martín Bravo pidió a los integrantes del Concejo de Cali votar a favor de citar a un debate de control político a Fabiola Perdomo y Carlos Alberto Rojas, secretarios de Bienestar Social y Seguridad y Justicia, respectivamente. 

El objetivo era revisar los contratos que se han firmado desde estas dependencias en el marco de la crisis del covid-19, entre ellos los dos que cuestionó Bravo y sobre los cuales respondió Perdomo este lunes.

Sin embargo, solo cuatro concejales, incluido Bravo, votaron a favor de la proposición, por lo que el debate de control político no se llevó a cabo. 

Entre tanto, Perdomo manifestó que «reitero mi disposición para aclarar la manera como he adelantado mi gestión, como se desarrolló la  contratación y no permitiré que se ponga en duda la transparencia como se ha llevado a cabo nuestra labor como servidores públicos».



Cortesía de elpais.com

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