Santiago de Cali, 2 de septiembre de 2026
Durante la Comisión de Presupuesto, citada este miércoles (02.09.2026) por el Concejo Distrital, la Secretaría de Bienestar Social presentó un informe detallado sobre los avances, necesidades presupuestales y acciones emprendidas por la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de este organismo, para atender la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La presentación se hizo durante el estudio del Proyecto de Acuerdo 099, mediante el cual “se le otorgan facultades pro-tempore al Alcalde para realizar modificaciones presupuestales en el marco de la declaratoria de desastre de carácter nacional”.
En su intervención, Nigeria Rentería Lozano, secretaria de Bienestar Social, destacó la respuesta inicial de la Administración Distrital ante la crisis, que incluyó la operación de 16 albergues en la ciudad, de los cuales dos continúan prestando servicio directo en Altos de Santa Elena y Meléndez. Asimismo, explicó que, como parte de las medidas de transición para brindar una atención digna a más de 2.000 personas evacuadas de sus hogares, se habilitó el alojamiento temporal de más de 500 personas en nueve hoteles de la ciudad, iniciativa que contó con el apoyo de Propacífico y el sector privado.
Entre las principales afectaciones a la infraestructura de servicios sociales, la funcionaria reveló que sufrieron daños severos el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) y tres Unidades de Transformación Social (UTS): Titiribí, Cuna de Campeones y Nuevo Latir. Ante el deterioro estructural de estas sedes de propiedad de la Alcaldía, el Distrito ha tenido que recurrir a la adecuación de espacios temporales para garantizar la continuidad en la atención a las víctimas y a los niños y niñas de la primera infancia.
Con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en las zonas más golpeadas, la Secretaría anunció un fortalecimiento de la red de comedores comunitarios. Actualmente, la red distribuye 60.000 raciones diarias de comida caliente en cerca de 700 comedores; sin embargo, para cubrir el incremento en la demanda, se planea aumentar el servicio en 12.000 raciones diarias adicionales durante los próximos seis meses, lo que requerirá una inversión complementaria estimada en más de 6.863 millones de pesos.
La secretaria enfatizó también en la urgencia de continuar fortaleciendo el acompañamiento psicosocial integral para abordar las secuelas de salud mental y procesos de duelo en las familias damnificadas. Para cumplir este objetivo, la dependencia calcula la vinculación de aproximadamente 225 profesionales mensuales, además de proyectar la entrega de kits de supervivencia con enfoque diferencial y la atención prioritaria a adultos mayores que perdieron sus redes de apoyo o viviendas, evitando que caigan en situación de habitabilidad de calle.
La funcionaria concluyó que la consolidación del Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE) ha permitido identificar la magnitud del impacto en la población vulnerable y permitirá cruzar las variables necesarias para canalizar los recursos de manera ágil y transparente.
