Algunas voces que usted y yo hemos escuchado cuentan que han pagado dinero en efectivo o en especie para recibir educación, un tratamiento médico adecuado, para acelerar trámites, evitar el pago de una multa o tributos, entre otros. Ellas creen que su caso ha sido arreglado, pero la realidad es que han configurado un delito.
Eso se llama corrupción consiste, según Transparencia por Colombia, en el “…abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones” y, el Banco Mundial la define como el “uso indebido de servicios públicos para beneficio personal”
La corrupción siempre ha sido vista en términos de dinero, de robo al erario, pero hay razones más de fondo para combatirla. Ella despoja del alimento, la educación, la salud, el bienestar de la gente. Es decir que, también atenta contra los derechos humanos, ambientales, sociales, económicos y culturales; además, desmejora la estabilidad política, jurídica, social y económica de un país, es decir, amenaza la seguridad de la sociedad en su conjunto.
Y aunque muchos no lo crean, la corrupción es la causante de la miseria, inseguridad, la violación de derechos fundamentales y como tal, impide el desarrollo de nuestros territorios.
Según Transparencia por Colombia, Colombia no mejora su calificación sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022. Recibió una calificación de 39 puntos sobre 100 y se ubica en el puesto 91 entre los 180 países evaluados. En comparación con 2021, la calificación no tuvo variación, mientras que en el ranking global sufrió una caída de 4 puestos (en 2021 se ubicó en el puesto 87 entre 180 países). Desde 2012, la calificación de Colombia ha oscilado entre los 36 y 39 puntos, sin lograr cambios estadísticamente significativos.
A pesar de que los indicadores mundiales sobre el IPC no son buenos para nuestro país, se tiene una de las herramientas para luchar contra ese flagelo, la Ley 1474 de 2011, art. 73., Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, allí se insta a todos los organismos del Estado a construir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) cada año, como una estrategia de lucha contra conductas ilícitas y la mejora en la atención al ciudadano.
El PAAC consta de cinco partes, a saber: el mapa de riesgos de corrupción de la entidad y las medidas para mitigarlos; la estrategia Anti-trámites, la rendición de cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y lo plantea cada entidad al finalizar el año y, es en ese momento cuando los ciudadanos, la sociedad civil, empresarios y público en general, pueden hacer sus sugerencias para agregar o suprimir elementos en la propuesta inicial, formulada, en este caso, por la Alcaldía local (la Alcaldía de Santiago de Cali publicará el borrador el 28 de diciembre de 2023 para la participación ciudadana).
La ciudadanía puede hacer sus aportes y sugerencias a mipg@cali.gov.co, con la seguridad que los requerimientos serán atendidos por la Subdirección de gestión Organizacional/Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, instancia coordinadora de la construcción del PAAC y quien debe publicar la versión final, a más tardar, el 31 de enero de 2024.
Nuevamente se convoca a la sociedad civil y a todos los grupos de valor de la Alcaldía de Santiago de Cali a la unión para adoptar y mejorar esta estrategia de lucha contra este mal, que nos devasta diariamente a todos y todas.
Con información de: https://www.unodc.org/newsletter/es/200601/page004.html y Transparencia por Colombia.
