Diferentes actores de la Alcaldía, la Arquidiócesis de Cali, la iglesia cristiana, el ministerio público, la Comisión de la Verdad, Gobernación del Valle y el sector privado, adelantaron los ejes que le presentarán el viernes a los líderes de la Unión de Resistencia y que se han trabajado desde hace tres semanas, en una mesa interdisciplinaria para construir el Plan de Inclusión Social de Emergencia.
Los cinco ejes que se desarrollan en este plan son asistencia alimentaria, salud, empleabilidad, fortalecimiento de procesos sociales y cultura.
Los decretos que avalan el proceso de diálogo con los manifestantes de los diferentes puntos de resistencia, posibilitan la gestión de herramientas legales para adelantar este plan de trabajo. Es un proceso pionero en el país que prioriza la conciliación, el diálogo y la defensa de la vida en medio del paro nacional.
Para el alcalde Jorge Iván Ospina, el acuerdo tiene fases de acción inmediata que se podrán reforzar con las universidades y los gremios. Por su parte, el secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, James Agudelo, habló de la importancia de unir esfuerzos para dar cumplimiento al acuerdo que se tiene con la Unión de Resistencias de Cali, URC. “El viernes (11.06.2021) tendremos nuevamente una reunión con la asamblea permanente, para avanzar en las propuestas y la concertación de las mismas”, señaló.
La Arquidiócesis de Cali abogó por crear escenarios de solidaridad y oportunidades, por medio de las ollas comunitarias y los 522 comedores disponibles en la ciudad, así como los mercados campesinos en ocho puntos, que también sirven para abrir más espacios de diálogo con los campesinos e indígenas y trabajar en el eje de seguridad alimentaria.
La fase de salud propone la provisión de insumos médicos y brigadas, acompañamiento psicosocial, un plan de rehabilitación y recuperación de consumo de sustancias psicoactivas y mayor cobertura en atención a habitantes en condición de calle.
En el eje de empleabilidad, se busca llegar a un acuerdo de reconstrucción de la ciudad con generación de empleo para los jóvenes manifestantes.
Los integrantes de la mesa coinciden en que el interés principal es frenar las vías de hecho y las situaciones que ponen en riesgo la vida. Sin embargo, resaltan la importancia de mantener un diálogo abierto y de largo plazo con los jóvenes manifestantes, para la construcción de políticas de inversión social.
En cuanto a la financiación del Plan de Inclusión Social de Emergencia, la Alcaldía de Cali cuenta con más de $11 mil millones; por parte del sector privado se recibirán $2600 millones y se espera el monto que dispondrá el Gobierno Nacional.
