“Nosotros tenemos toda la disposición de coordinar con el Gobierno Central, para la implementación y adopción de la medida de libertad de jóvenes que participaron en el llamado estallido social”.
Así lo expresó el secretario de Paz y Cultura Ciudadana Distrital, Fabio Ariel Cardozo Montealegre, quien anotó que muchos de ellos lo hicieron por las presiones suscitadas por gobiernos anteriores, que tomaron medidas impopulares y que castigaron al conjunto de la nación colombiana.
Al recordar que caminó las calles del país reclamando justicia social, Cardozo dijo que en Cali sucedieron cosas particulares que subieron los decibeles de la protesta y la confrontación, que dejó muertos y heridos.
“Muchos de los que asesinaron a jóvenes, hoy gozan de libertad; mientras que algunos de esos muchachos que están presos, lo están por interpretaciones descomunales de algunas figuras penales y otros por actos vandálicos; seguramente serán castigados por la justicia”, subrayó el Secretario.
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Y ante la firma del decreto 2422, del 9 de diciembre, que permitirá la libertad de algunos miembros de la primera línea -que habrían cometido delitos durante el estallido social y que están en las cárceles del país-, el Secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali mostró su complacencia por esta decisión presidencial. “Ello se apoya en una facultad que le otorga un dispositivo legal, que se ampara en la aspiración de paz de la Nación, que tiene estatura constitucional”, sostuvo.
Y prosiguió: “de esta manera no se está omitiendo el orden establecido, ni se está saltando de facto la potestad de la justicia colombiana, pues es una facultad que le otorga una norma que otros expresidentes hicieron uso”.
Igualmente consideró: “en este caso, por ser el presidente Gustavo Petro, muchas personas que le han reprochado durante toda su vida sus posturas políticas, entran a castigarle, algo que no importa, porque los debates son fundamentales en los espacios democráticos y aportan”.
Finalmente, el titular de la cartera distrital de Paz y Cultura Ciudadana, manifestó que la Ley de la República en la que se ampara el Presidente, no es ninguna norma que implique impunidad. “Si bien estos jóvenes van a salir libres, sus procesos penales siguen adelante y ello no es óbice para que, en caso de encontrarse suficientes elementos probatorios, terminen siendo sancionados y privados de la libertad”.
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