A principios del 2024 se consignó la denuncia en el libro blanco, debido a que podrían existir deficiencias en la estructuración y planeación del proyecto de semaforización inteligente, para que el que ya, desde la administración de Jorge Iván Ospina, se habían pagos más de 35 mil millones de pesos, con pocos avances y una fragmentación tecnológica.
- La fase de integración era la más compleja, requería de más de 10 meses solo para hacer pruebas, lo que demandaría más recursos.
- De continuar el proyecto, podría conllevar a un detrimento de 45 mil millones de pesos.
- La actual Administración no desembolsó recursos y desde el inicio, se hizo una investigación para establecer la viabilidad del proyecto.
Santiago de Cali, 16 de abril del 2025
La semaforización inteligente en Cali que se inició en la administración anterior, no se planificó debidamente en su fase más importante, la operatividad. Se entregó en Junio del 2023 para ser implementado en 4 meses, a pesar de su alta complejidad tecnológica, y por ello a pesar de los esfuerzos del gobierno actual por sacarla adelante, no es viable continuar con la contratación.
Desde que el alcalde Alejandro Eder asumió la administración distrital en 2024, dejó consignada la denuncia en el libro blanco, debido a que podrían existir deficiencias en la estructuración y planeación del proyecto.
Evaluar el avance del contrato a nivel técnico, de operatividad y financiero tomó varios meses, especialmente, porque en 2023 bajo la administración de Jorge Iván Ospina, sí hubo pagos al contratista y también se instalaron algunos de los equipos en intersecciones semafóricas, por ende, lo más responsable era determinar con soportes, si se podía seguir o no con el contrato.
Graves fallas de planeación (2020-2023)
- Proyecto concebido como compra de equipos, sin integración ni operatividad.
- No se contemplaron pruebas, instalación técnica ni capacitación.
- Ejecución prevista en 4 meses, para un sistema altamente complejo.
- Intervención en solo el 10% de la red semafórica (50 intersecciones).
- Semáforos instalados en zonas sin impacto real en movilidad.
- No hubo interventoría especializada desde el inicio.
La liquidación del contrato
La capacidad de operatividad e integración al sistema de semaforización de la ciudad, era la fase más difícil de evaluar, porque fue la que no se realizó, es decir, se instalaron semáforos inteligentes, pero no funcionaron con su sistema tecnológico.
Además del problema de interoperabilidad, otro de los hallazgos, fue fragmentar la contratación en dos lotes y disfrazar una obra o solución tecnológica y operativa con un contrato de suministro; se pagó el 84% sin el cumplimiento de los objetos contractuales y fue complejo encontrar un interventor que valide la ejecución contractual.
Ese pago de 84% se hizo en la administración del exalcalde Jorge Iván Ospina, en el año 2023, año en el que además debía quedar lista y funcionando la primera fase del proyecto, pero eso no se logró, no se cumplió con esa entrega.
Los pagos hechos y la interventoría
Para el 2023, se hicieron dos pagos, de la siguiente forma:
Lote 1, Valor total: $5.055 millones.
- Pago 1 por $1.135 millones, para adquisición e instalación y puesta a punto de hardware y software, licenciamiento del SCA por controlador y pruebas.
- Pago 2, de 3.329 millones de pesos, para adquisición sistema LISA y controladores ACTROS, alimentación y diseños y parametrización.
- Pago 3, por $525 millones , para adaptación e integración del algoritmo de controladores y parametrización de sistemas.
En el caso del Lote 2, el valor total pagado fue de $34.154 millones.
- Pago 1 de $13.839 millones (órdenes de compras, fichas técnicas de los dispositivos)
- Pago 2 por $10.678 millones (verificación de especificaciones técnicas y elementos almacenados en bodega
- Pago 3 que alcanzó los $7.134 millones (verificación de especificaciones técnicas y elementos almacenados en bodega)
Al recibir el proyecto de semaforización inteligente en 2024 con esos pagos realizados y con todo lo que aún faltaba por ejecutar, se evaluó la necesidad de una interventoría robusta que tuviera la capacidad de supervisar la ejecución del contrato, y después de solicitar ofertas, y de recibir y evaluar propuestas, el único oferente calificado que era la Universidad del Valle (la interventoría general), decide declinar la oferta, argumentando lo anteriormente señalado, el diseño del proyecto en sí y lo ya pagado, imposibilitaba la supervisión idónea.
Ante este panorama, se solicita acompañamiento de la Contraloría Nacional, donde se ratifica que, por su alta complejidad tecnológica, el proyecto debería contar con una interventoría y se traza una ruta para encontrar la mejor manera de proteger los recursos de la ciudad.
El proyecto por la deficiencia en su estructuración y la falta de planeación, tiene una alta probabilidad de fracaso y seguir intentando su ejecución sin las garantías de la interventoría, pondría en riesgo más recursos de los caleños.
Entre los hallazgos técnicos y jurídicos que conllevaron a la liquidación del contrato, la Secretaría de Movilidad encontró que no hay quién maneje los equipos, porque la actual red de semaforización de Cali funciona con un sistema digital abierto, pero la contratista a cargo de los equipos inteligentes es otra que opera con fibra óptica y conectividad GPRS (General Packet Radio Service).
En la operatividad, esto significa que se halló una fragmentación tecnológica crítica pues son equipos no compatibles entre sí, porque son de distintas marcas, tecnologías y contratistas no permiten interoperabilidad entre controladoras, sensores y central semafórica.
Cali tiene más de 500 intersecciones semafóricas, y entre 2022 y 2023 se inició el proyecto de semaforización inteligente, que en una primera fase abarcaría 50 puntos priorizados (10%), en zonas de más alta accidentalidad y con otros problemas de movilidad.
Aunque para finales del 2023 se reportó la instalación de 55 intersecciones, la mayoría hacía el sur de la ciudad, y que quedarían conectadas con la red GPRS, el sistema no se pudo activar.
Impacto para la ciudad
La fase de integración es la más compleja, de acuerdo al equipo técnico, se necesitarían más de 10 meses para hacer pruebas, lo que implica más complicaciones para la movilidad y posible pérdida de recursos económicos.
El proyecto no tuvo una planeación necesaria para que respondiera realmente, a las necesidades de la ciudad o a la capacidad técnica y de gestión de la movilidad en la capital del Valle del Cauca.
No se ha logrado el cumplimiento integral de los objetos contractuales.
La actual administración busca disminuir el impacto económico y posible detrimento para Cali. Los dos contratos que entran a proceso de liquidación suman $46 mil millones de pesos, más el costo de la consultoría inicial que debería haber generado la estructura y diseño de la solución y no un problema.
El objetivo es garantizar la protección de los recursos públicos, cumpliendo el deber de vigilancia y control por parte de esta administración.
Ante este panorama, esta administración se enfocará en resolver el problema, desarrollando de manera responsable, la mejor solución para la ciudad.
La Secretaría de Movilidad agotará todas las instancias y recursos posibles, para garantizar, que toda la infraestructura semafórica actual, funcione debidamente garantizando una movilidad segura para todos los actores viales.
Responsabilidades ante el incumplimiento
Frente a los hallazgos hechos por la administración, corresponde a los órganos de control y los jueces de la República, establecer las responsabilidades y sanciones que la ley considera, esta administración estará presta a proveer la información que se requiera dentro del proceso.
En el caso de los contratistas con voluntad liquidadora de mutuo acuerdo, podrán justificar y evidenciar a que corresponde el recurso ya pagado por la administración anterior, peritos podrán validar los valores acordados, el compromiso de esta administración será el de velar por los recursos de los caleños.
Es probable que algunos elementos puedan ser aprovechados en una nueva solución que si le de alcance a las necesidades de la ciudad.
En caso de detectarse incumplimientos, se aplicarán sanciones, cobro de garantías, pólizas y seguros de acuerdo a la ley, se contará con el acompañamiento de los órganos de control y el sistema judicial si es el caso.
Comunicaciones Secretaría de Movilidad
