La obtención del título que reconoce al Distrito como propietario del derecho de dominio sobre el Colegio Santa Librada se convierte en un precedente a nivel nacional, marcando la pauta para continuar el proceso de legalización de bienes públicos en todo el país.
Este logro alcanzado por la alcaldía de Santiago de Cali, gracias a la aplicación exitosa de la Ley 2044 de 2020, por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, Uaegbs, articulado con la secretaría de Educación y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, marca un hito que trasciende en Colombia beneficiando a la comunidad educativa y permitiendo la gestión transparente y eficiente de los recursos del Estado.
“Esto es un paso muy importante porque a través de una norma pudimos obtener el titulo que acredita ese derecho de dominio. La Unidad de Bienes y Servicios fue la encargada de radicar ante la oficina de Instrumentos Públicos, la solicitud que hoy nos estrega como resultado el reconcomiendo del derecho de propiedad a favor del Distrito.” Indicó el abogado Francisco Prado, director técnico de la Unidad de Bienes y Servicios.
Por su parte Mónica Patricia Medina Gutiérrez, rectora del colegio expresó: “la dificultad que el predio no estuviera a nombre del Distrito impedía ciertas coberturas como el aseguramiento y cuando tenemos eventos inusuales como vendavales o afectaciones de fenómenos naturales son muy difíciles los procesos de reclamación porque no teníamos cómo reclamar. Para nosotros es muy positivo porque ahora está claro que es un bien de uso público, es una Institución Educativa pública y los recursos del Estado se pueden invertir; se logra subsanar un proceso y Cali le da ejemplo al país, le da una ruta por la que Colombia podrá resolver y darle uso a esa Ley que nos facultó a nosotros. Esta es una puerta que se abre donde vamos a continuar trabajando en conjunto con la administración”.
La iniciativa que surgió en el Distrito de Santiago de Cali de aplicar la Ley 2044 de 2020, tiene como objetivo principal contribuir al fortalecimiento del patrimonio inmobiliario de la ciudad y garantizar la correcta legalización de aquellos bienes inmuebles que carecen de registro o cuya titularidad es incierta, especialmente aquellos destinados a actividades misionales o al uso público.
Esta labor se destaca como ejemplo a seguir para otras ciudades y entidades a lo largo del país, evidenciando la importancia de la gestión eficiente de los activos públicos y la salvaguardia del patrimonio colectivo.
