Con la imposición de medidas preventivas en la madrugada de hoy (04/03/2023) a tres establecimientos de comercio del corredor gastronómico de la Carrera 44 norte de la capital vallecaucana, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma, continua el desarrollo de su estrategia de control a la disposición inadecuada de residuos en los separadores viales y áreas de protección.
En el primer mes de implementación de esta estrategia, el grupo de Residuos Sólidos de la autoridad ambiental a elaborado veinte informes técnicos, en lo corrido de 2023, para el inicio de procesos sancionatorios a infractores por esta conductas.
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En este sentido, Willis Izquierdo, líder de de Residuos Sólidos, reveló que el grupo operativo realiza las intervenciones donde, por medio de la estrategia de inspección manual de las bolsas de residuos, se identifican a los infractores y se realizan acciones de control a los pequeños generadores de residuos de construcción y demolición (RCD).
“Si bien la prueba piloto de esta estrategia se implementó a inicio de febrero en el sur de la ciudad, gracias al apoyo brindado por la Policía Metropolitana y Ambiental, la hemos extendido al norte y oriente de la ciudad, logrando la identificación de infractores como los tres de la madruga de hoy en el sector de Vipasa, con desechos alimenticios o los dos del miércoles en el oriente por RCD”, puntualizó.
En 2022 el La Administración Distrital por medio del Dagma desarrolló en todos los corredores viales de la ciudad una campaña denomina ‘Jornadas de Amor por Cali’ donde los funcionarios de la entidad además de recoger residuos, desarrollaron de actividades de información, educación y comunicación (IEC) a la comunidad e impuso 53 medidas correctivas y para 2023 se plantea fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control.
Es importante señalar que, al disponer de manera inadecuada residuos en vía pública, se infringe el Decreto 2811 de 1974, para el cual la Ley 1333 de 2009 establece sanciones económicas que oscilan entre un salario mínimo legal vigente – SMLV ($1.160.000) y cinco mil SMLV ($5.800 millones). Además, la medida preventiva tiene para el infractor un costo de $741.000 por parte de la autoridad ambiental local, más $1.237.000 que le impone la Policía Nacional por infringir el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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