El asesinato de once personas este martes en Cali, entre las que se encuentran los cinco menores de edad víctimas de homicidio en el barrio Llano Verde, ponen bajo la lupa las acciones en materia de seguridad con las que se busca hacer frente a flagelos como los asesinatos, la violencia y los hurtos.
Adalberto Sánchez, director del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, indica que las condiciones en las que se encuentra la ciudad, que afronta la pandemia del coronavirus, hace difícil afirmar que el asesinato de los menores de edad en el oriente de la ciudad sea producto de una política de seguridad errónea.
«Se ha tenido que desplegar gran parte del aparato de seguridad de la ciudad para el control del aislamiento preventivo y eso trae consecuencias en la medida de que tenemos grupos que operan de manera ilegal en la ciudad y aprovechan estos espacios para generar situaciones de este tipo», afirma.
En ese sentido, el experto en seguridad Alberto Sánchez coincide en que los recursos humanos de los que disponen las autoridades están mal direccionados por brindar su atención a temas propios de la pandemia, no obstante, también señala que en Cali «no hay una estrategia de seguridad clara porque, si hubiese, sabríamos mucho más rápido que van a ocurrir cosas como las de anoche».
«Si uno tiene una estrategia clara de seguridad hay estrategias tempranas, capacidad de prevención y sobre todo hay una capacidad de reacción que en este caso y el de hurtos, no se ve por ningún lado», subraya.
El también analista Gustavo Orozco coincide en que Cali no tiene una política de seguridad y agrega que no es problema solo de la administración actual sino que en la ciudad nunca ha habido una política pública de prevención de la violencia ni contra el crimen en ninguna de sus formas.
«Es muy diciente que el Secretario de Seguridad esté concentrado en los famosos cazafiestas y en contener el virus, cuando la seguridad en Cali es un problema crónico que no da espacio para dar papaya», dice.
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Acciones contra la inseguridad en Cali
Frente al crimen que enluta a cinco familias del barrio Llano Verde varios concejales se manifestaron reprochando el hecho y exigiendo soluciones por parte de la Administración Ospina.
El cabildante Fernando Tamayo, quien recuerda que desde enero denuncia la presencia de bandas criminales que amenazan y obligan a los jóvenes del sector a vincularse con actividades ligadas al narcotráfico, pide actuar de manera contundente y que haya una presencia permanente del Ejército.
«No se conduele que en una ciudad con los niveles de homicidios de Cali apenas el 1,3 % de su presupuesto se invierta en seguridad. Necesitamos $150.000 millones y apenas tenemos $60.000 (…) Y, definitivamente, en el empréstito que va a pedir el Alcalde deben considerar recursos para la ciudad porque garantizar la vida de nuestros conciudadanos debe ser nuestra primera obligación», resalta.
La también concejal María Isabel Moreno dice que además de un plan de choque para enfrentar la criminalidad y salvaguardar las vidas, se necesita un plan a mediano y largo plazo que genere inversión social sobre las comunidades en el oriente de la ciudad.
Mientras que Diana Rojas insta al Gobierno Nacional para que «considere alguna intervención adicional a la ciudad donde podemos fortalecer patrullajes combinados con distintas fuerzas de seguridad».
En la opinión del Director del Instituto Cisalva, Cali sí necesita un incremento en el pie de fuerza de la Policía, pero además es menester que sean capacitados.
«Necesitamos más efectivos pero debe haber una política nacional de competencia y habilitación del cuerpo policial, no solamente en la ciudad de Cali sino en todo el país, con nuevas estrategias de intervención en seguridad (…) Hay que tecnificar más a la policía y capacitar la fuerza policial para que mejoren sus mecanismos de inteligencia de policía», asegura.
Alberto Sánchez, por su parte, considera que las zonas críticas en materia de homicidios deben ser intervenidas con un plan de control y que es necesario articular mucho mejor los recursos de incidencia judicial pidiendo apoyo de la Dijin, por que «Cali sí tiene unas dinámicas relacionadas con el ámbito regional que tienen que ser intervenidas con las capacidades del Gobierno Nacional».
«Cali tiene unos problemas monumentales en materia de capacidad financiera para la política de seguridad. Cali es la ciudad capital que menos invierte en seguridad y ese es un problema estructural que la ciudad tiene que resolver rápido para saldar el déficit en materia de infraestructura de seguridad y justicia, y un fortalecimiento en capacidad de proyección del estado a enfrentar problemas de orden regional», agrega.
Estrategia de Prevención Social de la Violencia
Gustavo Orozco remarca que un error en el que se ha caído es hablar de medidas de choque para afrontar el incremento en los índices de ciertos delitos, tanto a nivel local como en todo el país, pues así se borran de la agenda las soluciones reales a los problemas de seguridad.
El analista, quien reconoce que en la ciudad sí se necesita ampliar el pie de fuerza de la Policía, opina que se hace necesario trabajar sobre problemáticas sobrediagnosticadas en la ciudad como el desempleo, la falta de oportunidades y el maltrato, en un mediano y largo plazo.
«Necesitamos continuar los esfuerzos de Cali en que los jóvenes no solo tengan acceso a la educación, sino a educación de calidad y esa educación tiene que permitirles trabajar. Parte del desempleo y la desigualdad tiene un impacto en las comunidades que están en situación de mayor precariedad (…) Alterar esa realidad social es muy importante como mecanismo de alterar la situación de la violencia. Necesitamos un despliegue de la Alcaldía más allá de la mano dura», apunta.
En este punto coincide Alberto Sánchez, que plante la necesidad de una estrategia de prevención social de la violencia pues este es «un problema profundamente social arraigado a unas dificultades territoriales muy profundas que las últimas dos administraciones en Cali han tratado de paliar y enmendar con inversión en infraestructura educativa y cultural».
Al respecto, Adalberto Sánchez añadió que «a largo plazo hay que pensar en planes en los que hay que restituir la ciudadanía a esa otra Cali. Hay que darle la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas de salud, recreación, vivienda, actividades lúdicas».
El País intentó contactar con el Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, pero no obtuvo respuesta.
