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La Comisión Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, integrada por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, visitó a Cali para conocer de cerca el resultado de los esfuerzos que se realizan en materia de protección, reparación, reconciliación y restitución.

La jornada se desarrolló en dos días. El primero tuvo como escenario al Centro Cultural, donde se reunieron con los representantes de las víctimas y escucharon sus peticiones, reclamos y también sus agradecimientos. Después, el turno fue para los organismos distritales de Cultura, Deporte, Vivienda, Desarrollo Económico, Planeación, Gobierno y Bienestar Social, incluyendo la Subsecretaría de Víctimas, donde expusieron el trabajo realizado en 2020 y 2021. Durante el segundo día, se visitó el Centro Regional de Atención Integral a Víctimas-CRAV, con el fin de conocer las instalaciones y su funcionamiento.

Para la secretaria de Bienestar Social de Cali, María Fernanda Penilla, el espacio dejó un balance muy positivo, pues la delegación del Gobierno Nacional pudo dialogar con las personas que representan a las víctimas y con los organismos distritales. “Celebramos la visita de los órganos de control de nivel nacional, tanto la Contraloría Regional de la República, como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Han venido a hacer un seguimiento de cómo estamos implementando la política pública de las normas que protegen a las personas víctimas del desplazamiento forzado en Colombia”, conceptuó la funcionaria.

Por su parte, Diego Fernando Padilla, subsecretario de Bienestar Social Distrital, considera muy importante para Cali que los órganos de control encargados de garantizar que la política se cumpla en los territorios, se encuentren de visita en nuestra ciudad. “El alcalde Jorge Iván Ospina ha garantizado, desde el Plan de Desarrollo en las inversiones, todos los programas y proyectos para las víctimas del conflicto armado, que en el marco de la Ley 1448 deben ejecutar los distritos y Cali es un referente nacional. Nosotros tenemos un proceso de atención que va más allá de entregar ayudas humanitarias”, aseguró.

Martha Cecilia Jordana, representante de las víctimas del conflicto, espera que se ejerza un mejor control sobre los procesos y que dejen buenas recomendaciones para seguir construyendo la política pública. “Los dos primeros años han sido lesivos por culpa de factores como la pandemia y el estallido social. Esto afectó todo lo que se hubiese podido hacer desde la misma Administración. En estos dos años que quedan de gestión, tenemos que recomponer y conocer cuáles son realmente las necesidades de esta población”, analizó.

Por último, Eliana Díaz, coordinadora de Seguimiento de Políticas Públicas de la Contraloría General de la República y quien hace parte de la Comisión, recalcó que el balance es muy positivo. “Vemos el esfuerzo de la Administración Distrital por cubrir todos los aspectos de las víctimas. Sin embargo, dejaremos algunas observaciones para mejorar, ya que es muy importante afinar y coordinar temas alrededor de la gestión que se viene realizando”, puntualizó.